Y… ¿quién tiene la batuta?
Por Claudio Avendaño, director magíster en Comunicación Universidad Diego Portales
columna publicada en Diario La Nación, 11 noviembre, 2009
Hace algunos días se realizó un encuentro entre diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el mundo audiovisual para conversar y hacer propuestas sobre el proyecto de televisión digital terrestre (TDT) que se analiza en el Congreso. De ese intercambio emanó un Decálogo Ciudadano sobre Televisión Digital (www.ciudadaniatv.cl) que plantea demandas y temas que necesitan ser atendidos en el debate público. Resulta alentador constatar el interés de este sector de la ciudadanía por ser parte activa de una discusión que, como muchas otras, no convoca ni conmueve al público. La tecnificación de la política tiene este efecto perverso.
De los puntos planteados, destaca la necesidad de traspasar al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la asignación de concesiones de televisión, aunque esto puede aparecer como un juego burocrático con poco significado para las personas. Sin embargo, no parece muy razonable que se adjudique a un organismo técnico, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la asignación de señales. No hay que circunscribir el asunto a una mera transmisión de “señales”, porque sabemos que es mucho más que una decisión “técnica”. La televisión es mucho más que eso.
Así lo ha entendido el propio CNTV, que ha demostrado, en especial en las últimas dos décadas que, conociendo los avatares de la industria, es un agente dinamizador del sector vía fondos de fomento. Y no se ha quedado solamente en estas acciones, las investigaciones que realiza constituyen -cuantitativa y cualitativamente- el foco de estudios audiovisuales más importante del país. Así también ha incursionado con éxito en la difusión y producción televisiva de carácter educativo (Novasur TV Educativa) y, recientemente, con una iniciativa en educación de medios. Probablemente la ciudadanía sólo percibe la función fiscalizadora de contenidos, un punto siempre polémico.
El CNTV debe (y puede) asumir los desafíos de este nuevo estado de la televisión en Chile, especialmente con la digitalización. Tiene la experiencia y la institucionalidad para hacerlo.La digitalización de la TV implica también la posibilidad de darle otros usos a la televisión debido a su carácter interactivo, por ello es indispensable potenciar la relación de los sujetos con los servicios públicos en el ámbito de la salud, educación, vida comunitaria/municipal, entre otros. Este aspecto debe desarrollarse e incluirse en la ley, lo que permitiría a muchas familias relacionarse de mejor manera con el Estado y acceder a beneficios, en definitiva, interactuar de forma más eficiente. Este reto conlleva además una mayor activación de la vida ciudadana en su diálogo con las instituciones públicas; no obstante, esto también debe promoverse mediante un programa educomunicativo que forme a las personas, de modo de incrementar la acción ciudadana. Es valorable el esfuerzo realizado de parte de los organismos públicos por digitalizar su relación con las personas para incrementar la calidad del trabajo que ejercen. Aunque igual tenemos un déficit en la participación ciudadana que las TI, en conjunto con un programa formativo, pueden ayudar a mitigar.
También se plantea un rol más protagónico a Televisión Nacional como institución de servicio público. Debemos erradicar cierta manera de entender la televisión restringida a un aparato que transmite programas, ya deberíamos tener claro en estos 50 años de televisión en Chile que este medio es un espacio simbólico en que se desarrollan prácticas comunicativas referidas a las propuestas audiovisuales. La TV y los medios masivos, por cierto, son los grandes narradores de este siglo, nos cuentan en qué estamos como sociedad, y desde estos relatos generamos conversaciones privadas que nos sirven para entender nuestras vidas contextualizadas en el mundo. La televisión no es una caja, ni una máquina registradora de ingresos y egresos. En este sentido hay que ampliar el paisaje de la televisión pública, tal como lo han hecho organismos del Estado como el referido Consejo Nacional de Televisión.
Todo lo anterior nos plantea una re-visión de la política de comunicación en función del entorno de este nuevo siglo y de las transformaciones nacidas por la digitalización del sector. Los conceptos usados a principios de los años noventa han sido erosionados por los cambios culturales, sociales y técnicos: hay que volver a pensar el tema.
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El cambio de nuestra TV: un destino en controversia
Por Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios Fucatel. Columna publicada en El Mostrador (02 noviembre 2009)
El jueves 29 de Octubre tuvo lugar el seminario Provocaciones, organizado por el Observatorio de Medios Fucatel en su sexta versión. Esta vez los análisis, a veces declamatorios de años pasados, fueron proscritos. Para nadie era un misterio que este debate estaba animado por la posibilidad de cambiar el curso de las dos leyes enviadas por el Gobierno al Parlamento para afrontar la digitalización de la TV. Se trataba de enfrentar las principales controversias, sin perder tiempo.
Un carácter de urgencia atravesaba el ánimo de los panelistas y de la numerosa asistencia enfrentada a un tema árido, a pesar de estar tan ligado a la entretención. Estas reformas han sido consideradas insuficientes, por algunos sectores y defraudantes para aquellos que esperaban que se dieran las condiciones para la entrada de nuevos operadores y con ello, una oferta televisiva más diversa y plural que la actual, amén de otras ventajas para la inclusión de los sectores rezagados a Internet y las nuevas tecnologías.
Desfilaron esa mañana, en el Café Literario del Parque Balmaceda, ejecutivos de canales, parlamentarios, miembros del Consejo Nacional de TV, Ángela Vivanco de ANATEL, Álvaro Ramis, por las organizaciones ciudadanas, Federico Joannon, miembro del directorio de El Mostrador, Eduardo Arriagada, académico de la PUC, Cristián Saieh, en representación de Canal 13 y el propio Ministro Transporte y Telecomunicaciones, René Cortázar designado por el Gobierno para la tramitación de estas leyes. Su presencia allí tenía el mérito del respeto al debate, puesto que el Observatorio se ha convertido en uno de los principales críticos de sus proyectos, oposición a la que se sumaron en la misma semana 50 organizaciones de la sociedad civil, que aprovecharon la ocasión para hacerle entrega de un decálogo, fruto de un encuentro de numerosas de organizaciones no gubernamentales, en las manos de Tehani Steiger, dirigente de la Plataforma Audiovisual que agrupa productores, creadores y otros gremios del rubro.
El ministro admitió, en su saludo inicial, que existían controversias en torno a este tema crucial, pero ellas no giraban en torno a si el Estado debía intervenir o no, sino que sobre el cómo debía hacerlo, y explicó que la política del Gobierno era optar por una regulación ex post al otorgamiento de las concesiones. Se refería con ello a su persistencia en defender como único requisito para el otorgamiento de frecuencias, la aprobación de un informe técnico por la Subtel. Esta postura es claramente opuesta a la del Consejo Nacional de TV, representado durante el seminario Provocaciones, por dos de sus integrantes, Herman Chadwick y Jorge Donoso, quienes defendieron el punto de vista de que las concesiones deben entenderse como un bien de todos los chilenos y los criterios para su otorgamiento deben responder al interés público.
Lo mismo afirmó Gloria Tristani, ex comisionada del principal organismo estadounidense, quien produjo un enorme impacto al informar a los chilenos de la enorme cantidad de obligaciones que tienen los concesionarios en los Estados Unidos: tres horas de programación infantil educativa, subtitular las producciones para sordos, imposibilidad de poseer al mismo tiempo un canal y un diario a lo que se agrega una duración de las concesiones televisivas de 8 años y no de 25 como en Chile, entre otros deberes y limitaciones que establece la ley.
También intervinieron los diputados presentes Esteban Valenzuela y Andrés Egaña y el senador Carlos Cantero, quien dijo que estaba a la espera de los proyectos en el Senado con una clara postura, similar a la del CNTV, que es por lo demás similar a la del Observatorio. Los tres parlamentarios advirtieron que serían especialmente vigilantes en convertir en realidad una verdadera TV regional.
La gestación y tramitación de ambas leyes ha estado marcada por controversias en os aspectos mencionados, así como también en las garantías de una distribución equitativa del espectro. Los medios masivos han ignorado de manera inexplicable tan importante debate, si se piensa que la TV es el más grande de los poderes políticos y culturales en las sociedades modernas. Cabe sospechar que este silencio responde a la esperanza que poderosos sectores tienen de que estas reformas pasen como por un tubo en el Parlamento, consagrando los privilegios de los actuales canales, frenando la llegada de nuevos aspirantes a compartir la llamada torta publicitaria y salvando la buena conciencia con la reserva de espectro para la TV regional, sin ni siquiera considerar un transportador publico que pueda garantizar, al menos, la difusión de pequeños operadores sin invertir en grandes redes de transmisión.
Este mutismo de los principales medios chilenos frente a tan importantes reformas, contrasta con la cobertura que tuvo en Argentina y en el exterior, la tramitación de la Ley de Medios propuesta por la Presidenta Fernández y que fue aprobada con el apoyo de la oposición a su Gobierno. Mario Wainfeld, destacado periodista trasandino de Página 12, quien fue invitado a Provocaciones, justificó la amplia mayoría con que se aprobó la ley, dado el carácter democratizador de las propuestas, que fueron principalmente impugnadas por el Diario Clarín. En su intervención el sacerdote Antonio Delfau, director de la revista Mensaje, con buen humor, dijo alegrarse de lo que escuchaba, porque la prensa chilena lo había convencido de que dicha Ley “representaba un atentado a la libertad de expresión”.
Volviendo al país y al destino de nuestra televisión, la buena nueva es que el Ministro Cortázar reconoció el Estado “líquido” (cambiable) de los proyectos, lo que no podemos dejar de interpretar como un éxito de la acción de las organizaciones civiles y del propio Observatorio.
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Algunas verdades incómodas sobre la TV digital
Columna de Federico Joannon, Abogado y miembro del directorio de El Mostrador
Ojo con el Proyecto de Ley que está en el Congreso para su discusión. La norma que se trae entre manos el Ejecutivo, vestida con un pretendido tinte estrictamente “técnico”, impide o hace extremadamente difícil que puedan entrar nuevos actores “grandes” al mercado de la televisión abierta, que le puedan competir de igual a igual a los actuales “canales” agrupados en la Anatel. Y como mar de fondo, lo que hay es una soterrada guerra por el espectro radioeléctrico.
Si nuestro destacado artista plástico y hombre público Nemesio Antúnez estuviera vivo, seguramente complementaría su particular llamado a tener “Ojo con el Arte”, con la perentoria advertencia de ponerle mucha atención a la televisión, en tanto principal industria masiva de bienes simbólicos, hoy en etapa de transformación a través de la digitalización de las señales televisivas (mediante una determinada norma técnica) y, muy especialmente, por un determinante Proyecto de ley en actual tramitación ente el Congreso Nacional.
Como lo de la norma técnica ya está zanjado, desde el momento que la autoridad pública ha anunciado al país que será la denominada norma japonesa (en su versión brasileña, adaptada a las especificidades chilenas), en adelante hay que ponerle toda la atención al mencionado Proyecto de Ley, y a su tramitación legislativa.
Respecto de esta iniciativa legal, denominada “Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre“, que modifica varios artículos clave de la actual Ley de Televisión, quisiera hacer las siguientes reflexiones, complementando y/o enfatizando las ya vertidas en mi artículo anterior, publicado en dos partes sucesivas hace algunos días en este mismo diario:
1) Más allá del anodino nombre que se le puso al citado Proyecto de Ley, lo que en realidad pretende el Gobierno con esta iniciativa, sin decirlo ni advertirlo, va mucho más allá de una simple actualización tecnológica de la TV. En estricto rigor, se quiere establecer un nuevo modelo para la televisión abierta chilena, esto es, un “nuevo régimen” para la televisión de acceso gratuito que reciben en sus casas más del 90% de los chilenos.
Y, adicionalmente, se pretende establecer las condiciones para que parte importante del valioso espectro radioeléctrico, reservado hace varios años exclusivamente para la transmisión de televisión (toda la banda UHF), y donde en principio –con la digitalización- cabrían muchos otros actores para este negocio, se utilice en definitiva para otros negocios (diferentes a la televisión, propiamente tal), y quede en manos principalmente de las compañías telefónicas móviles. Sepultando así la expectativa de muchos de que haya una mayor diversidad en el mercado de la televisión abierta.
Todo lo anterior, preparado “entre cuatro paredes” por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin someter su contenido previamente a una discusión pública ni considerar la opinión de otros actores relevantes en esta materia (como, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión).
2) Por lo demás, si se tratare única y estrictamente de la digitalización de las actuales señales de televisión (como puede inducir a error una lectura rápida del Proyecto de Ley), no hubiere hecho falta legislar ya que bastaría con reemplazarles a los actuales concesionarios de televisión sus 6 megahertz en la banda VHF, que hoy les permite transmitir una señal de televisión analógica, por 3 ó 4 megahertz (de conformidad a la norma técnica de digitalización escogida), ahora en la banda UHF (que es la parte del espectro radioeléctrico reservada para las transmisiones de la TV Digital), lo cual les sería completamente suficiente –mediante un trasmisor compartido o “múltiplex”- para transmitir una señal televisiva digital de alta definición. Esto sería algo equivalente a lo que tenían antes de la digitalización.
3) Cualquier cosa adicional a poder transmitir una señal de televisión abierta que se les quiera dar a los actuales operadores de este negocio, va a ser una regalía, ni más ni menos, por lo que debería analizarse concienzudamente su conveniencia y constitucionalidad. Por ejemplo, el Proyecto comentado les entrega a los actuales concesionarios más megahertz que los estrictamente necesarios (6 mhz en vez de 3 ó 4 mhz) y les faculta para transmitir simultáneamente más de una señal de televisión y, además, para transmitir otros “datos” (v.gr.: textos; señales de retorno; etc.).
Sobre esto, la iniciativa legal olvida o soslaya que el único derecho adquirido que tienen los actuales concesionarios de televisión –más allá de las diferencias que existe entre ellos, derivadas de las leyes bajo las cuales se les asignó sus respectivas concesiones- es a transmitir una señal abierta o de libre recepción, y jamás sobre una porción determinada del espectro radioeléctrico. Así lo ha entendido, por lo demás, el Consejo de Defensa del Estado, órgano que sería prudente que el Congreso Nacional consultara.
Ahora bien, si se piensa en la etapa de transición, donde es necesario el “simulcasting” o transmisión conjunta de una señal analógica y otra digital, perfectamente el Gobierno podría “prestarle” a los actuales operadores la frecuencia UHF que necesitan, en tanto no se produzca el “apagón analógico”, momento en el cual se liberarían los megahertz de la banda VHF y la concesión se radicaría en la frecuencia UHF que estaban utilizando en “préstamo”, con las mismas condiciones y limitaciones que tenían antes. Al respecto, hay que tener presente que es esto lo que precisamente ha estado ocurriendo: baste con recordar la transmisión -en ambos formatos, análogo y digital- de los últimos partidos de la selección chilena de fútbol.
4) Este Proyecto de ley, vestido con un pretendido tinte estrictamente “técnico”, impide o hace extremadamente difícil que puedan entrar nuevos actores “grandes” al mercado de la televisión abierta, que le puedan competir de igual a igual a los actuales “canales” agrupados en la Anatel (esto es, empresas televisivas que puedan transmitir contenidos “generalistas” en Santiago y en todas o varias regiones).
El Gobierno ha dicho informalmente, porque aún no entrega el “Plan de Frecuencias” (primero aduciendo que faltaba la norma técnica y ahora señalando que falta la ley), que en Santiago habrá disponibilidad para 7 nuevos “paquetes” de 6 megahertz c/u. Pero, al respecto hay que recordar que deben necesariamente restarse las frecuencias reservadas para fines específicos, como se explica en mi artículo anterior (por ejemplo, para fines culturales, o para el fin exclusivo de transportar señales y otros “datos” de terceros), por lo que las frecuencias realmente utilizables para contenidos “generalistas” de televisión (que pudieren quedar en manos de eventuales nuevos operadores), se reducen drásticamente.
Estas se pueden estimar en solamente 1 ó 2 (paquetes de 6 megahertz cada uno). Ni más ni menos. Y, muy probablemente Chilevisión puje para que se le asigne uno de estos paquetes de frecuencias en Santiago, ya que la que actualmente utiliza es concesión de la Universidad de Chile y el usufructo a favor del canal de Sebastián Piñera termina en pocos años más.
Por otro lado, en el Proyecto de ley analizado no se da solución alguna a la imposibilidad de que el (o los) eventual (es) nuevo(s) operador(es) en Santiago puedan transmitir sus señales televisivas en condiciones similares a los actuales operadores “grandes”; entre otros motivos, por la inexistencia de espacios disponibles para más torres de televisión en el Cerro San Cristóbal. Si esto no se soluciona, se hará aún más ilusoria una posible competencia.
5) Como parte de las escaramuzas de lo que puede denominarse “la guerra por el espectro” (dada a nivel global), parte importante del generoso espectro radioeléctrico reservado originalmente por la autoridad pública para ser utilizado en las transmisiones de televisión (toda la banda UHF), terminará siendo usado para transportar otros “datos” (no televisión), y, más temprano que tarde, quedará en manos de las compañías de telefonía móvil, que cada vez requieren de más espectro para su expansivo y estratégico negocio. Es el caso, por ejemplo, de la banda UHF 700, que está a punto de ser completamente “desafectada”.
Cabe hacer presente que con la información pública hoy disponible se puede perfectamente afirmar que solo se dedicarán a la TV Digital 30 canales (de 6 megahertz cada uno), de los cuales –como se ha visto- varios podrán dedicarse mayoritariamente a transmitir otros “datos” (y no televisión). Como comparación, tenemos que en USA se dedican 49 canales, en Europa 48, en Brasil 55 (más 7), en Perú 45, en Australia 41 y en Japón 39, y todos canales de dedicación exclusiva para TV Digital.
En lo que toca a las frecuencias VHF, que –según la Subtel- podrían adicionarse luego de ocho años a los canales existentes en banda UHF, (cuando se produzca el denominado “apagón analógico”), cabe hacer presente que esto es poco practicable, por distintos motivos, como por ejemplo: la norma técnica elegida (en lo que se conoce) no puede usar los canales 2 al 6, y en los canales 7 al 13 tiene ineficiencias; y el Mensaje del Proyecto de ley dice expresamente que esos canales VHF se dedicarán a “servicios avanzados” de telecomunicaciones (no a TV Digital).
6) Por último, estimo necesario resaltar que el Proyecto de Ley comentado está lleno de “oscuridades”, necesarias de develarse, y que no son exteriorizadas ni traspasadas por el Ejecutivo a los legisladores ni a la opinión pública. Un ejemplo de esto es la confusión (¿intencional?) de los términos “radiodifusión” y “servicio Intermedio” de televisión, que permitirá desplazar hacia la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) el control total de las concesiones sobre espectro radioeléctrico que utilizarán los canales de televisión abierta, dejando al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en una función prácticamente decorativa en este determinante aspecto. Con la complicación de que la Subtel es, ni más ni menos, el Gobierno de turno, del color que fuere, al contrario del CNTV, que tiene integración pluralista.
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